La economia en Republica Dominicana

 

En los últimos 25 años, la República Dominicana (RD) experimentó un notable período de fuerte crecimiento económico. La economía mantuvo su rápida expansión en los años previos a la pandemia de COVID-19; entre 2015 y 2019, la tasa de crecimiento anual del PIB dominicano promedió un 6,1 por ciento. El turismo, las remesas, la inversión extranjera directa, los ingresos por minería, las zonas francas y las telecomunicaciones ayudaron a convertir a la RD en una de las economías de mayor expansión en la región de América Latina y el Caribe (ALC).

Para el año 2019, el país se encaminaba a cumplir la meta de alcanzar el estatus de alto ingreso para 2030. Sin embargo, el impacto global que supuso la pandemia de COVID-19 impactó de forma significativa la economía de la RD, provocando en el segundo trimestre de 2020 una aguda contracción en todos los sectores críticos, como turismo, construcción y minería. El PIB se contrajo un 6,74 por ciento en 2020 y se espera que crezca un 5,5 por ciento, permaneciendo por debajo de su potencial en 2021 y 2022.  La pandemia ejerce una presión intensa sobre los ingresos y también sobre los gastos, aunque se espera que en 2021 una combinación de recuperación económica y mejoras en la eficiencia del gasto público vuelvan a encarrilar el déficit fiscal hacia una trayectoria sostenible. Paralelamente, una gestión efectiva de la deuda y el desarrollo del mercado de capitales local serán factores cada vez más importantes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la deuda y limitar la exposición al riesgo de tipo de cambio.

En los últimos diez años, el crecimiento económico de la RD redujo la tasa de pobreza de forma significativa, favoreciendo a su vez la expansión de la clase media. Aun así, las disparidades en el acceso a las oportunidades económicas y los servicios públicos siguen siendo considerables. La tasa de pobreza en áreas rurales persiste en niveles elevados, mientras que las mujeres enfrentan desafíos desmedidos en todo el país. A pesar del incremento en el gasto social para mitigar el impacto de la pandemia, los estimados oficiales indican que la pobreza creció alrededor de 2,4 puntos porcentuales hasta el 23,4 por ciento en 2020, lo cual representa más de un cuarto de millón de personas (270,000) ha caído en la pobreza. La inversión pública y las políticas focalizadas en agilizar la recuperación de los sectores industrial y agropecuario serán cruciales para recuperar el crecimiento y revertir el aumento en la tasa de pobreza.

La pandemia de COVID-19 empujó a la RD a su primera recesión en casi 17 años. Para el último cuatrimestre de 2020, se perdieron desde marzo unos 191,273 puestos de trabajo, con repercusiones muy negativas sobre los hogares pobres, las mujeres y los trabajadores informales. La participación laboral se recuperó de un 56,6 por ciento en Q2 hasta 61,1 por ciento en Q4 2020 pero permanece por debajo de 65,4 por ciento en Q4 2019. El sector informal se recuperó más rápido que el empleo formal y significó un 51.3 por ciento del empleo total in Q4 2020 en comparación con el 48,4 por ciento del año anterior. Las reformas estructurales necesarias para impulsar la formalización incluyen nivelar el terreno de juego competitivo para nuevos operadores, pequeñas empresas y proveedores locales, así como una actualización de la normativa empresarial.

Mientras los diseñadores de políticas se enfocan en los desafíos más urgentes que supone la pandemia, la RD sigue expuesta al grave peligro que representan los huracanes, las inundaciones y demás eventos climatológicos extremos. El acceso a servicios de agua y saneamiento adecuados mejoró desde principios de la década de 2000, pero la exposición de la RD al cambio climático amenaza estas conquistas. Los esfuerzos de mitigación y adaptación ante el cambio climático deben ser complementados por una mejor gestión de los recursos naturales, en especial el patrimonio costero y marino del que tanto depende la economía de RD.

A medida que la pandemia cede, la inversión en capital humano será crucial para el crecimiento continuo y el desarrollo de la República Dominicana. El Índice de Capital Humano 2020 indica que hoy en día una recién nacida en RD será apenas la mitad de lo productiva a lo largo de su vida de lo que podría ser si recibiese una educación completa y atención médica adecuada. La RD ha logrado grandes avances en términos de ampliar el acceso a la educación y la salud, pero la calidad dispar de estos servicios sigue siendo un gran obstáculo para el crecimiento de base amplia y el desarrollo del capital humano.

Para volver a un crecimiento intensivo en puestos de trabajo y que favorezca a los pobres, la RD debe fortalecer los encadenamientos productivos entre empresas locales y exportadoras, reducir los costos administrativos de la burocracia, mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y ampliar el acceso al crédito. La rapidez y efectividad con las que el gobierno interiorice estas reformas determinarán el impacto a largo plazo de la pandemia sobre la pobreza, el empleo y el crecimiento económico.

La estrategia del Grupo del Banco Mundial (GBM) en la República Dominicana (RD) se centra en fortalecer las condiciones para el crecimiento equitativo, mejorar la prestación de servicios en hogares pobres y generar una resiliencia multidimensional ante impactos económicos y ambientales. A lo largo de la última década, la cooperación del GBM se centró en crecimiento y competitividad, instituciones del sector público, suministro eléctrico, desarrollo del capital humano, salvaguardas ambientales y gestión de recursos naturales.

A junio de 2021, la cartera de US$468.50 millones del Banco Mundial en el país respalda proyectos en los sectores de educación, protección social, electricidad, agua y agricultura resiliente. En marzo del 2020, el Banco Mundial desembolsó US$150 millones provenientes de una línea de crédito contingente para apoyar la respuesta del gobierno a la COVID-19, mientras que en diciembre del mismo año fueron desembolsados US$100 millones de un proyecto de apoyo presupuestario de emergencia también para apoyar la respuesta a la pandemia. El trabajo analítico y de asesoría del GBM recientemente completado incluye un análisis sobre el gasto público en protección social y agua, un diagnóstico de trabajo y un análisis sobre las inversiones en infraestructura. El trabajo analítico en curso se centra en el desarrollo territorial, fortalecimiento de los sistemas de protección al consumidor, un memorando económico del país, y apoyo a Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en ingles).

El programa de la Corporación Financiera Internacional (IFC) con la República Dominicana es el mayor de la región caribeña, con una cartera total de US$505.3 millones a mayo de 2021, de los cuales US$212.2 millones provienen de movilizaciones. Los pilares estratégicos de la IFC para RD se enfocan en (i) incrementar la inclusión financiera y social, (ii) fortalecer la competitividad, y (iii) mejorar la resiliencia a eventos climáticos adversos, apoyando a los sectores de electricidad, transporte, financieros y sectores con alto potencial de empleo, como el turismo.

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorgó una garantía de US$107,6 millones como cobertura ante riesgos políticos para el desarrollo de una carretera de peaje diseñada para vincular las áreas turísticas.

El Banco Mundial y la IFC fortalecen su colaboración en áreas como electricidad, acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas, desarrollo del mercado de capitales y asociaciones público-privadas, en consonancia con las prioridades del gobierno. El diálogo con los diseñadores de políticas en torno a una nueva Estrategia de Alianza con el País se enfoca en navegar el incierto entorno mundial posterior a la pandemia y sentar las bases de un nuevo período de crecimiento robusto, inclusivo y que favorezca a los pobres.

Los proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial han dado resultados importantes en los últimos años, entre ellos:

●     La rehabilitación de más de 500 km de líneas eléctricas ha reducido las pérdidas de electricidad y ha garantizado un servicio de 24 horas a 105,000 clientes en situación de necesidad.

●     La restauración de tres presas después de las tormentas Olga y Noel ha mejorado la reducción de las inundaciones, el suministro de agua, el riego, la generación de energía hidroeléctrica y la conservación del medio ambiente.

●     La mejora de unos 24 sistemas de riego ha beneficiado a 18,779 agricultores de frutas y hortalizas, lo que ha mejorado la seguridad alimentaria local y nacional.

●     La restauración de las instalaciones de tratamiento de agua en las ciudades de Santo Domingo y Santiago ha proporcionado más de un millón de galones de agua potable a 750,000 personas.

●     La puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales y un emisario submarino ha mejorado la calidad de agua y saneamiento para 139,000 personas en Puerto Plata, uno de los principales destinos turísticos.

●     La renovación de los sistemas de riego abarcando más de 37,200 hectáreas de tierra y el uso de  sistemas mejorados de telemetría que miden los flujos de agua de los ríos, ayudando a aumentar la producción agrícola de más de 18,700 agricultores.

●     La capacitación en presupuestación participativa, planificación del desarrollo, gestión financiera, adquisiciones y contratación, recursos humanos y servicios municipales, impartidos en 31 municipios en vías de desarrollo, ampliando así su capacidad de proveer servicios básicos y esenciales.

●    El fortalecimiento en el sistema público nacional de la adquisición y distribución de medicamentos en los hospitales públicos, lo que ha contribuido a reducir los costos de antibióticos, insulina y otros medicamentos.

●     La introducción de un sistema de selección competitivo para elevar el nivel académico de los nuevos profesores y mejorar la calidad de la educación y la realización de las evaluaciones del aprendizaje de todos los alumnos de tercer grado, para apoyar la calidad de la educación.

●     La puesta en marcha de un marco jurídico avanzado para la gestión del riesgo de desastres, un sistema de vigilancia epidemiológica y un mecanismo de respuesta rápida para acelerar la detección y gestión de los brotes de enfermedades.

●     La capacitación para acelerar los procesos judiciales a través del "Desafío de los 100 Días", que hizo posible que más de 3,600 casos de robo y violencia de género se resolvieran en 100 días.

●     La aprobación de una ley de insolvencia para facilitar acelerar la reestructuración comercial y medidas para simplificar el registro de empresas en línea, a fin de ampliar la eficiencia del sector privado y promover la formalización.

●     Un mejor acceso a la financiación para un total de 221,133 empresarios y MIPYMES, de los cuales el 57,6% son mujeres o empresas dirigidas por mujeres, ayudará a fortalecer la competencia y a aliviar las desigualdad de género en el sector privado.